El deseo de salvar a algunos seres humanos de su propio mal es respetable. Incluso conmovedor, como ocurre en ocasiones con algunas utopías. Luego, le pones nombre y apellidos a la utopía, es decir, al malvado, y resulta algo menos conmovedor. Pero estoy dispuesta a admitir, no obstante, que impedir que De Juana Chaos y otros de su calaña se pudran en la cárcel para que el bien inunde sus almas y todos asistamos a su gloriosa reinserción es el impulso de una persona de buen corazón y mejor voluntad.
Lo que no es conmovedor, ni mucho menos respetable, es la pretensión de algunos de tratar de situarnos a los partidarios de la cadena perpetua en oposición a los principios democráticos. Como lo sugiere la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Gabriela Bravo, cuando afirma que la cadena perpetua no es compatible con los principios que impulsan el Estado de Derecho y democrático.
No voy a aconsejar que esta fiscal viaje. Basta con que lea y se informe. Comprobará que la cadena perpetua es perfectamente compatible con los principios del Estado de Derecho y democrático en países como Francia, Alemania o Gran Bretaña. También comprobará que nadie en Gran Bretaña cuestionó, por ejemplo, a Tony Blair o a su ministro de Interior, Jack Straw, cuando este último decidió en 1997 que Rosemary West se pudriera en la cárcel en contra de la decisión de un juez de permitir su salida tras 25 años para que se reinsertara y encontrara el bien.
Y es que quienes se escandalizan ante la defensa de la cadena perpetua creen que Rosemary West debe tener derecho a reinsertarse. Fue condenada, junto a su marido, suicidado en prisión, por diez crímenes. Los que se pudieron probar. Durante años, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a jovencitas, incluidas dos de sus propias hijas, y después las enterraron en el jardín. Bajo el liderazgo de Rosemary.
Pero la pena impuesta a Rosemary debe dirigirse a su reeducación y reinserción, dice la Constitución española. Lo que hace más que cuestionable la constitucionalidad de la cadena perpetua en España, y en eso tiene razón Federico Trillo. Es verdad que el mismo artículo 25 de la Constitución incluye un concepto de excepción que podría amparar la cadena perpetua, pero la interpretación más estricta, como señala Trillo, no permite la cadena perpetua. Y es que en España la mayoría cree, o creía, en la reinserción de West y así lo refleja la Constitución. ¿Que pasó varios años disfrutando de la tortura, violación y asesinatos de jóvenes, incluidas sus hijas? ¿Y quién le dice a usted que la gente no cambia?
Si la realidad va por otro lado, es decir, si una parte significativa de los asesinos, De Juana es un ejemplo, ni se arrepiente ni cambia, que se amolde la realidad a la utopía. Pero aún más grave, la función reeducativa de la pena manda al garete a su función retributiva, al pago del mal realizado, que es el argumento esencial, al menos desde mi punto de vista, a favor de la cadena perpetua. Para casos como el de West o el de De Juana o de tantos otros.
Tengo muy pocas esperanzas de que la cadena perpetua se plantee siquiera como debate en la política española. Pero lo que sí es imprescindible es que consigamos poner coto a la burda manipulación de que los partidarios de la cadena perpetua somos unos extremistas dudosamente democráticos. A no ser, claro está, que se considere como tales a quienes consideramos necesario que Rosemary West nunca sea liberada, como le deseó el primer juez que la condenó. Y demócratas muy progresistas a quienes quieran sacarla de la cárcel para que se reinserte.
Si mi escepticismo es equivocado y la cadena perpetua entra en el debate político español, en el resto de países europeos tenemos modelos en los que la cadena perpetua puede ser revisada posteriormente por los jueces o, en última instancia, por el Ministerio del Interior, lo que dejaría la puerta abierta a la reinserción, en caso de arrepentimiento real, y podría incluso encajar esta pena en la legislación española, sin revisar la Constitución. Claro que no habría un solo ministro de Interior, ni Rubalcaba, que renunciara a ella para gentes como De Juana. Ni siquiera en nombre del progresismo.
Edurne Uriarte
Catedrática de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco
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