José Ignacio de Juana Chaos es un individuo siniestro, un verdadero asesino en serie cuya puesta en libertad en cumplimiento estricto de la ley ofende la conciencia moral y el sentido de la justicia en una sociedad democrática. Con la soberbia propia de quien se siente fortalecido por el dolor ajeno, y también con una dosis notable de imprudencia, el terrorista tardó sólo 48 horas en demostrar el carácter odioso de su comportamiento. En términos jurídicos es muy lógico que la Audiencia Nacional perciba indicios de enaltecimiento del terrorismo en el acto de «homenaje» y «bienvenida» al etarra, términos de por sí intolerables en ese contexto. A mayor abundamiento, la carta leída en su nombre por una tercera persona no deja lugar a dudas: lejos de cualquier disculpa o arrepentimiento, De Juana apostó por seguir adelante con la estrategia etarra, asegurando que «queda mucho por hacer». En el colmo del cinismo, se atrevió a hablar de «estado de excepción» o «tribunales de guerra» respecto de las actuaciones del mismo Estado de Derecho que le ha puesto en libertad tras cumplir sólo 21 años de prisión por 25 asesinatos en una aplicación estricta de la ley. Se quejaba además del «acoso mediático», como si este individuo despreciable pudiera sentirse ofendido por las informaciones de unos medios de comunicación que expresan el parecer abrumadoramente mayoritario de los ciudadanos.
Hay, por tanto, material de sobra para poner en marcha los instrumentos legales pertinentes. El juez Pablo Rafael Ruz ha abierto la investigación, reclamando a las Fuerzas de Seguridad un informe exhaustivo. Los indicios no pueden ser más contundentes: el acto fue convocado por una organización de apoyo a los presos de ETA, se celebró ante la puerta de una «herriko taberna» sometida a administración judicial y, según muchos testigos presenciales, terminó con «vivas» a la banda terrorista. El contenido de la carta no ofrece lugar a dudas - aunque, naturalmente, habrá que demostrar su autoría- sobre la voluntad de enaltecer a los criminales y mostrar, como es natural en este sujeto, un acuerdo pleno con sus métodos y sus fines. El juez Ruz ha remitido una providencia a la Fiscalía para que emita el correspondiente informe. Aunque -lógicamente- el Ministerio Público apoya la investigación y los informes reclamados por la autoridad judicial deben ser minuciosos y no dejar cabos sueltos, no estaría de más que el fiscal tratara de agilizar el proceso en el cumplimiento de su deber de velar por el respeto a la legalidad vulnerada en un acto directamente orientado a la apología de ETA. La gravedad del caso exige una postura activa para cubrir todos los flancos jurídicos.
La humillación sufrida por las víctimas a causa de la excarcelación del asesino es compartida por toda la sociedad española. Mucho más ante la evidencia de que el terrorista ha instalado su domicilio en el mismo barrio donde viven varios familiares de sus víctimas. El renovado clima de consenso en política antiterrorista debe traducirse a corto plazo en medidas adecuadas para evitar este tipo de situaciones. También es imprescindible que todas las instituciones públicas actúen con la máxima celeridad y eficacia en la persecución de los criminales. Por eso, el Ministerio Fiscal debe tomar mayor protagonismo en el nuevo «caso De Juana». Los ciudadanos esperan que se depuren con todo rigor las responsabilidades penales derivadas del acto antidemocrático en el pretendido homenaje a este asesino infame.
La respuesta legal al terrorista excarcelado debe ser inmediata y estricta, teniendo en cuenta que -si se probara su autoría- su conducta se ajusta a un tipo delictivo castigado con hasta dos años de cárcel por el artículo 578 del Código Penal. La opinión pública espera con expectación el resultado de las diligencias puestas en marcha por el juez contra un individuo incapaz de reconocer el daño causado por sus crímenes y dispuesto a seguir cooperando activamente con la banda terrorista ETA.
Editorial ABC
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