El 14 de octubre de 1977, el Congreso aprobó (por 296 votos contra 2) la ley de amnistía presentada conjuntamente por los Grupos de UCD, PSOE, PSC, PCE, nacionalistas vascos y catalanes, y Mixto. Sólo Alianza Popular, cuyos diputados se abstuvieron, no firmó el texto.
El dato revela claramente el grado de acuerdo social y político que suscitaba este punto. Ya antes, ante el Congreso recién electo el 15 de junio, Santiago Carrillo afirmó que «el resentimiento no es buen consejero a la hora de iniciar la andadura democrática (por lo que) la amnistía... dará todo el poder moral necesario para aplicar la ley... en lo sucesivo, a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos». Y Arzallus que «es necesario el olvido, el cese... de las imputaciones mutuas, y no hay otra manera... sino a partir de una amnistía total... que... permita la confianza de todos en que ha comenzado una nueva época... de renuncia a la violencia y empiece efectivamente una tarea colectiva de colaboración». También el socialista catalán Joan Raventós reclamaba «medidas legislativas y de gobierno, y «la primera» de ellas, «una ley de amnistía total... que sitúe definitivamente en la historia... la guerra civil y los cuarenta años de dictadura, acabe con la división entre colectividades de vencedores y vencidos y repare tremendas injusticias» (Diario de Sesiones, 27 de julio de 1977).
Tres décadas después, algunos herederos políticos de estos líderes quieren desautorizarles. Es problema suyo. Pero la mayor parte de la sociedad española es mucho más coherente... y más sensata.
Ángel J. Sánchez Navarro, Profesor de Derecho Constitucional UCM
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