A mí, qué quieren que les diga, ese brusco frenazo de la primera causa contra Garzón me ha gustado. No por creer que no tenga fundamento, como aseguran sus críticos, sino por ver cómo está contaminando las otras dos abiertas al juez de la Audiencia Nacional. Pues somos testigos de una de las mayores aberraciones judiciales: que los acusadores tienen más relevancia que los cargos. En buena ley, lo que debe dirimirse es si Garzón tomó a sabiendas atribuciones que no le pertenecían. Pero de lo que se habla y escribe es de Falange Española y del «sindicato ultraderechista» Manos Limpias, que han demandado a un juez por intentar hacer justicia a las víctimas del franquismo. Cuando no es eso de lo que se trata, ya que, utilizando la cita clásica, podríamos decir que «una acusación es una acusación la haga Agamenón o su porquero».
Pero la idea ha calado, nacional e internacionalmente, siendo ya muy difícil borrarla. De ahí que me haya parecido excelente la idea del juez Varela de aceptar la recusación de Garzón y apartarse de esta causa hasta que se aclare si fue él quien se excedió en sus atribuciones. Ello deja vía libre a las otras dos causas abiertas contra el magistrado de la Audiencia Nacional, que nada tienen que ver con la primera.
La segunda, presentada por accionistas del Banco de Santander que se creen perjudicados, debe aclararnos si Garzón:
1. -Actuó correctamente al seguir cobrando su sueldo en España durante su estancia en Nueva York por los cursos dados en aquella universidad, después de haber solicitado permiso sin tener ingresos allí.
2. -Si solicitó de algún modo al Banco de Santander financiación de esos cursos.
3. -Si cometió irregularidad al declararse competente para ver una demanda contra el mismo banco a su regreso a Madrid. Ya sabemos que hubo una sentencia que le declaró inocente de este cargo, pero en el entretanto han aparecido cartas y documentos inéditos, que relacionan al magistrado con ese banco y esos cursos.
La última causa es la más clara de todas: se trata de ver si Garzón se excedió en sus funciones al ordenar intervenir las comunicaciones entre detenidos del «caso Gürtel» y sus abogados defensores, algo que la ley sólo contempla en casos de terrorismo. La acusación la lleva, entre otros, el Colegio de Abogados de Madrid.
Esto nada tiene que ver con el franquismo, con sus víctimas, con la ideología ni con las rivalidades entre los jueces. Tiene únicamente que ver con la actuación de un juez en terrenos tan personales e importantes como el económico y el procesamiento judicial. Algo que la primera causa contra él venía distorsionando hasta el punto de no saber ya quiénes son los acusadores, los acusados, las víctimas y los verdugos. Un revoltijo que sólo conduce a que no se haga justicia.
José María Carrascal
www.abc.es
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