Están linchando a jueces de carrera impecable para defender a un juez de trayectoria borrosa. La poliédrica red de relaciones de Garzón se mueve en ambientes políticos y mediáticos para desacreditar a todo el que mantenga una posición crítica sobre el magistrado, y de paso a los juristas del Constitucional sospechosos de ver con malos ojos el Estatuto de Cataluña: los han criminalizado hasta por ir a los toros, actividad que de momento permanece amparada por la Constitución. Quizá pronto veamos en los papeles la lista de patrocinios de cursos a miembros de la Audiencia Nacional y el Supremo, aunque no hayan eximido luego de responsabilidades o culpas al patrocinador. La operación de salvamento, dirigida o apoyada por el propio Garzón, amenaza con desestabilizar a todo el alto aparato judicial del Estado. No basta, por lo visto, con la defensa jurídica propiamente dicha, plenamente garantizada y respaldada por la decencia de profesionales como el instructor Varela o la consejera del CGPJ Margarita Robles, capaces de autoinhibirse donde el encausado jamás lo ha hecho; es menester intimidar a todo ciudadano con toga que ose cuestionar la línea de pensamiento único. Política de tierra quemada, un bombardeo de abrasión que va a dejar la Justicia hecha unos zorros por haberse atrevido a procesar a un intocable.
De los tres casos que comprometen a Garzón, en dos tiene asegurada una estrategia de alboroto político: la causa del franquismo, primera exhibición de fuerza, y la de las escuchas de Gürtel, que pese a ser a criterio de los expertos la de más sólidos indicios promete ruido a cuenta de sus implicaciones colaterales con el Partido Popular. Pero en la de los pagos del Santander va a ser difícil movilizar la agitación callejera. Nadie ve a los sindicatos y a los actores reclamando libertad para exculpar a un banquero. El asunto parece penalmente más liviano, pero deja al héroe en mala postura ética. Es una cuestión poco honorable, un temilla de dineros que provoca escasas solidaridades y ofrece un pésimo perfil ideológico. Entre la clase judicial irrita sobremanera que Garzón cobrase por los cursos de Nueva York el triple del salario medio de un colega. Así que no va a haber más remedio que poner en marcha el ventilador y tratar de esparcir las salpicaduras.
Por si acaso se resiste, empero, algún elemento impermeable o correoso, también ha empezado a funcionar la máquina de favores políticos. La sonrojante liberación de Usabiaga engrasa la sintonía con un Gobierno empeñado en sacar del lado oscuro a Batasuna. Y el caso Faisán aguarda en stand by con su carga expansiva de responsabilidades por aclarar. Garzón es duro, muy duro de pelar; en dos décadas y media ha acumulado demasiada información comprometedora. Él mismo o quienes lo respaldan están dispuestos a convertir su defensa en un cable pelado de alta tensión capaz de electrocutar al que lo roce.
Ignacio Camacho
www.abc.es
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