La comunidad de Madrid ha ordenado el cierre cautelar de un centro médico de la capital en el que supuestamente se estarían practicando abortos ilegales con características similares a los de la red de clínicas abortistas desmantelada en Barcelona. Estaríamos así ante un nuevo caso de falsificación de informes médicos, de intrusismo profesional y, en general, de incumplimiento de las condiciones legales para practicar abortos. Poco a poco se está descorriendo el velo sobre la trágica realidad de la práctica abortista en España, que ha aprovechado la inconsistencia de la ley de despenalización del aborto para implantar un auténtico aborto libre, protegido por la pasividad de las administraciones públicas y el silencio cómplice de los partidos políticos, atrapados por esa ideología abortista trufada de tópicos y de estigmas contra todo aquel que ose levantar la voz en defensa de la vida del no nacido. En estos casos, lo que se está planteando, para tranquilidad de quienes siempre ven oscuras tramas confesionales en la oposición al aborto, es una mera cuestión de legalidad penal, porque, hay que insistir en lo obvio, el aborto en España es un delito contra la vida que está disculpado en tres supuestos o indicaciones: embarazo por violación, taras físicas o psíquicas del feto o riesgos de este tipo para la madre.
Es un acierto que la Fiscalía de Barcelona y un juzgado de Instrucción de esta capital y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid hayan roto el tabú del aborto ilegal en España, y lo que debería suceder es, por un lado, que el ejemplo cundiera en todas las comunidades autónomas para que pusieran en marcha sus servicios de inspección médica, y, por otro, que la Fiscalía General del Estado respaldara explícitamente la actuación de la Fiscalía catalana y ordenara a todas las fiscalías abrir investigaciones propias para llevar la práctica ilegal del aborto ante los tribunales. Por desgracia, el desmesurado número anual de abortos en España permite presumir fundadamente que hay un muy alto porcentaje de interrupciones ilegales del embarazo. Hasta en el extranjero lo saben y, por eso, España se ha ganado fama de que «aquí no hay problema para abortar en cualquier momento», incluso, en el colmo de la bestialidad, a fetos de más de ocho meses. La causa de esta vulneración masiva de la ley es doble: el abuso fraudulento de la excusa del riesgo para la «salud psíquica» de la madre, supuesto legal tan ambiguo que sirve de tapadera para un verdadero aborto incondicional, y la doble moral de amplios sectores sociales, opuestos mayoritariamente a una ley que reconozca el aborto libre, pero al mismo tiempo conscientemente tolerante con un aborto industrializado -y muy lucrativo- que cada año se cobra en España 100.000 vidas.
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