El macro fraude cometido por el partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre en Nicaragua sólo es comparable con el que ordenó el dictador Anastasio Somoza García en 1947. Entonces, para hacer que ganara su candidato a la Presidencia, mandó que se invirtieran los resultados, haciendo que se adjudicaran a su candidato los votos del triunfador y viceversa. El fraude esta vez se vio venir desde el momento en que el Gobierno de Ortega, rompiendo una sana práctica establecida, se negó a permitir que las elecciones fueran observadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y cualquier observador independiente.
En la organización y ejecución del fraude tuvo una participación destacada el ex coronel del Ejército y ex jefe de la temible Seguridad del Estado en el gobierno sandinista de los años ochenta Lenín Cerna, actual secretario de organización del Frente Sandinista y jefe de los «comandos electorales» (fuerzas de choque) de ese partido. Cerna operó en estrecha colaboración con el también ex coronel sandinista Emmet Lang, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), que preside el magistrado Roberto Rivas Reyes, famoso por su corrupción.
Uno de los robos más descarados ocurrió en la capital, Managua, donde el Consejo Supremo Electoral alteró los resultados para declarar ganador al sandinista Alexis Argüello. El candidato de la Alianza PLC, Eduardo Montealegre, que había sido el verdadero triunfador, pidió de inmediato un recuento de las actas electorales con la supervisión de la OEA y de otros organismos independientes. El Consejo se negó, y Montealegre llamó a una manifestación para protestar cívicamente. La manifestación,aunque autorizada, no se pudo llevar a cabo porque los «comandos electorales» de Cerna, encapuchados y armados de machetes, palos, piedras y lanza morteros,bloquearon, a vista y paciencia de la Policía, las vías de acceso al punto de partida de la manifestación.
A ese estado de regresión democrática ha llegado Nicaragua en menos de veinticuatro meses de gobierno sandinista. Pareciera que de nada han servido los millones de euros que, a través de los años, la comunidad internacional, y España en particular, han donado generosamente para que en ese país se pueda, en palabras de la Agencia Española de Cooperación Internacional, «consolidar la democracia, fortaleciendo el Estado de Derecho mediante el desarrollo institucional...». Qué triste sería ver que esa ayuda, en vez de servir para consolidar la democracia, pudiera usarse ahora para consolidar una nueva dictadura.
Jorge Salaverry
Embajador de Nicaragua en España (2003 - 2007)
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