Industrias de producción de alcohol, plantaciones de azúcar, una red de gasolineras y una constructora conformaban los negocios de los Arechabala, una familia de vascos que en el siglo XIX emigró a Cuba. Todo fue expropiado tras la revolución. Ocurrió meses después de la llegada al poder de Castro. «Mi familia y yo estábamos pasando las vacaciones de verano en España. Fue entonces cuando nos dijeron que las cosas se estaban complicando y ya no regresamos», explica José Manuel Arechabala, bisnieto del fundador de un imperio que incluía el célebre ron Havana Club.
El régimen saliente de la revolución se incautó de todos los bienes que existían en Cuba. Los españoles -un colectivo todavía muy destacado en la primera mitad del siglo XX, tras la independencia de la colonia española- fueron de los más perjudicados.
Estela González vive en Madrid y a sus 87 años recuerda muy bien cómo el gobierno cubano le expropió su casa y sus negocios. «Mi marido y yo teníamos la gestión de aprovisionamiento de buques y el bar del puerto de Cárdenas (en la provincia de Matanzas) -explica Estela-. Venían muchos barcos y fue un buen negocio». El régimen les dio dos opciones: permanecer como empleados o marcharse de la isla. «Nosotros no teníamos muchos bienes, pero había una familia en Cárdenas a los que les expropiaron muchas industrias, los Arechabala», añade Estela.
Y es que la empresa «José Arechabala S.A.» era muy conocida en Cuba. «Llegó a tener 1.200 empleados -matiza José Manuel Arechabala-. La fábrica estaba en Cárdenas, y las plantaciones de caña de azúcar en toda la provincia de Matanzas». José Arechabala y Aldama -bisabuelo del actual heredero- fundó en 1878 la destilería «La Vizcaya», que años después cambió de nombre. Sus hijos y más tarde sus nietos continuaron con el negocio. «La familia vivía entre Cárdenas y Varadero -recuerda José Manuel, que estuvo en Cuba hasta los 10 años-. Frente a la playa de Varadero teníamos dos casas, típicas de madera, de estilo colonial». También las perdieron tras la revolución.
Acuerdo entre Castro y González
Casi 30 años después de la revolución, en 1986, Felipe González -entonces presidente del gobierno- llegó a un acuerdo con Fidel Castro para indemnizar a los expropiados españoles. Cuba accedió a pagar algo más de 5.400 millones de pesetas como liquidación, en un plazo de 15 años; una cantidad bastante inferior a la solicitada por los afectados, unos 20.000 millones de pesetas.
Una parte del pago se realizaría en efectivo (aproximadamente 1.800 millones de pesetas) y la otra en especie (aproximadamente 3.600 millones). Zumo, miel, café o sanitarios fueron algunos de los productos que Fidel Castro envió al estado español como pago a los expropiados.
El estado español adelantó el dinero a las familias -cerca de 1.500 solicitudes fueron aceptadas-, pero, a mediados de los años 90, Castro dejó de enviar dinero y bienes en especie al Banco de España. Todavía hoy Cuba no ha devuelto el dinero acordado. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que los pagos están «paralizados», pero que ambas partes continúan negociando la deuda.
No todos los beneficiarios se acogieron a este plan de indemnizaciones. «Eran insignificantes -opina Javier Larrinaga, que hasta los dos años vivió en La Habana con su familia a la que el régimen expropió la industria siderúrgica que poseía-. Además, aceptar la indemnización significaba renunciar a poder recuperar nuestros bienes en un futuro».
De igual manera opina José Manuel Arechabala, al que le gustaría recuperar los negocios familiares. Los registros de propiedad y la fábrica familiar continúan existiendo, explica José Manuel, y añade que en los países del este de Europa «las propiedades fueron devueltas». «Mis hermanas y mis primos vemos con mucho cariño la posibilidad de volver a Cuba. Aunque sea a pasar los inviernos, que aquí hace mucho frío», bromea.
Irene G. Vara
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