sábado, 13 de dezembro de 2008

La otra memoria histórica


El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se olvida de su agenda ideológica, pese a la desastrosa situación económica, cuya superación aconsejaría una política de consensos y esfuerzos conjuntos, mucho más recomendable que el activismo militante de izquierda rancia que está impulsando. Aprovechando la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Gobierno socialista anunció ayer la reforma, entre otras muchas, de la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Nuevamente, la propaganda del Gobierno se inventa un problema, lo agrava con polémicas gratuitas y luego se presenta con una reforma para resolverlo. Es la teoría del bombero pirómano. Ya es malévolo asociar este evento conmemorativo de los derechos del hombre con una reforma que pretende, fundamentalmente, oscurecer la presencia del catolicismo en la vida cotidiana de la sociedad española, como si la situación actual en la que se mueve la Iglesia Católica en relación de las libertad individuales y las demás confesiones fuera contraria a un correcto entendimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Establecida esta asociación perversa entre protección de los derechos humanos y revisión del estatus del catolicismo en España, el Gobierno va a acometer una planificada campaña de dilución de los valores y de la presencia del cristianismo, abriendo un nuevo frente de discordia y de manipulación de aspectos sustanciales de la estabilidad social de España, en la que la referencia católica es incuestionable. No cabe duda de que la ampliación del aborto, la regulación futura de la eutanasia, incluso la memoria histórica selectiva sobre la Guerra Civil y, ahora, la elevación del laicismo a categoría normativa responden a un mismo patrón ideológico, basado en el debilitamiento por decreto de los recursos morales de amplios sectores de la sociedad, por no decir de su mayoría. Es cierto que la práctica religiosa ha descendido, pero también lo es que los españoles cristianizan los principales actos de su vida, desde el bautismo hasta la muerte. El Gobierno se escuda en el fomento del pluralismo religioso, objetivo que es totalmente extraño a las tareas del poder Ejecutivo. Y si de lo que se trata es, simplemente, de establecer reconocimientos legales a otras confesiones religiosas, ni es preciso hacerlo con esta carga de propaganda, ni tal fin requiere someter al catolicismo a una suerte de apagón legal y político. Es evidente que el Gobierno ajusta cuentas con la Iglesia Católica, pero más evidente es que la izquierda española no se ha liberado de sus espasmos ideológicos más rancios, como el que sigue repudiando la inserción del cristianismo en el núcleo de la historia de España, sin posible comparación con otras confesiones religiosas que, siendo igualmente respetables y acreedoras de un espacio legal, no han dejado la misma huella ni cuentan con la misma presencia actual en la vida individual y colectiva de este país que el catolicismo. El Partido Popular ha anunciado, con buen criterio, su oposición a una estrategia de hostigamiento al catolicismo, paralelo al ensalzamiento oficial de otras confesiones que no son destinatarias, en absoluto, de la hostilidad laicista del Gobierno. A nadie le extrañó ver a Zapatero festejando en Estambul el fin del Ramadán, pero probablemente sea más difícil verlo en la Misa del Gallo que celebre el Papa Benedicto XVI en el Vaticano la próxima Navidad.

El tiempo de calificar estas iniciativas de profundo significado ideológico y activista como meras cortinas de humo ya ha pasado. No ocultan la crisis económica, porque ésta es inocultable, sino que se benefician de ella para sembrar de chivos expiatorios la dramática realidad que vive España. Es indiferente para el rencor de la izquierda que sea la Iglesia Católica el primer refugio para miles de desamparados que buscan comida y vestido, que sean sus organizaciones no gubernamentales, sus parroquias y sus párrocos la gran red de asistencia social que llegará, como siempre ha sucedido, hasta donde nunca llegan los recursos públicos ni los discursos oficiales.

Editorial ABC
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