Toda la progresía a uno y otro lado del Atlántico ha saludado con singular alborozo la primera orden que ha dado el primer presidente afroamericano de la Historia: suspender durante 120 días los juicios que se estaban llevando a cabo en la base militar de Guantánamo. Con más alborozo aun, si cabe, han recibido la segunda: el decreto que ordena tajantemente el cierre de la prisión para dentro de un año. |
Es sorprendente tanta alegría, ya que, de significar algo, lo que la suspensión y el decreto significan es que, de momento, ningún preso de Guantánamo va a ser liberado ni puesto a disposición de los tribunales ordinarios.
Los obamafanáticos nos cuentan que Guantánamo constituye un problema jurídico de grandes dimensiones y que la nueva Administración necesita tiempo para estudiarlo y para examinar los expedientes de los cerca de 250 prisioneros que todavía retiene allí el ejército de los EEUU, capturados en su guerra contra las organizaciones terroristas islámicas. No son más que excusas y pretextos.
En EEUU, durante los años de Bush, la izquierda norteamericana, encabezada por Obama, hizo lo que hace siempre que, hallándose en la oposición, se enfrenta a un problema de seguridad nacional como es el del terrorismo islámico: desacreditar el planteamiento de la derecha gobernante tachándolo a la vez de ilegal y de ineficaz. Si realmente es ilegal, la eficacia del planteamiento es irrelevante, pues ésta no basta para justificar un comportamiento ilegal, si es que, como ellos dicen, la legalidad importa. Pero si lo que realmente interesa es la eficacia y la estrategia resulta ser verdaderamente ineficaz, ésta debe abandonarse con independencia de su legalidad. En cualquier caso, lo que no tiene sentido es discutir las dos cosas a la vez.
La cuestión es que la política de Bush posterior al atentado del 11-S puede ser acusada de lo que se quiera menos de ser ineficaz. Desde entonces, como muy bien recordaba el domingo 18 Ramón Pérez-Maura en el ABC, los ciudadanos de los Estados Unidos no han tenido que padecer ningún nuevo atentado en territorio norteamericano. Siendo como es obvio que la voluntad Al Qaeda era y es la de seguir cometiendo atentados, el logro no puede considerarse pequeño. De forma que la verdadera acusación que se dirige a la Administración Bush es la de la ilegalidad de sus métodos, mientras que la de su ineficacia no pasa de ser una burda trampa para lectores poco advertidos, una tacha teórica desmentida por la realidad.
Por lo tanto, el problema es de naturaleza abstracta, no práctica. No se trata de corregir éste o aquel exceso que haya podido cometerse con éste o aquel prisionero. Se trata de la perentoria necesidad de reformar el conjunto de una entera estrategia jurídica porque resulta ser radicalmente ilegal. Así es como lo ha planteado el establishment académico-jurídico progresista occidental. Así lo ha reclamado la sobria elite que controla la formación de la opinión avisada en Occidente. Así lo exigía el propio Obama cuando no era más que el candidato de la tan bienintencionada izquierda.
Sin embargo, para transformar la ilegal estrategia jurídica de Bush en el inmaculado edificio legal de Obama no hacen falta 120 días de suspensión, y mucho menos esperar un año a que los asesores legales de Obama, empezando por su nuevo y flamante fiscal general, afroamericano como él, Eric Holder, estudien en detalle el caso de cada uno de los 250 prisioneros que todavía se pudren en Guantánamo.
¿No era aquella cárcel un oprobio? ¿No era la situación que los prisioneros allí padecían un limbo legal? ¿No era en definitiva Guantánamo una vergüenza con la que había que acabar? ¿Por qué esperar un año? ¿Qué pecado han cometido los allí encerrados para tener que soportar durante un año más, con Obama en la presidencia, las condiciones que les impuso Bush? ¿Es que no hay justicia en este mundo? ¿Para qué estudiar los casos de esos 250 desgraciados? ¿Es que esperan encontrar la excepción de algún recluso que no merezca que se respeten sus derechos humanos? Lo que hay que hacer es lo que vienen exigiendo todas las organizaciones de esa bendita izquierda a la que Obama pertenece: poner los prisioneros a disposición de los tribunales ordinarios y que sean éstos los que decidan. No es tan difícil. Para tomar tal decisión no hacen falta 120 días, y mucho menos un año. Basta una hora.
Si Obama considera que los tribunales militares especiales creados por la Military Commissions Act de 2006 son contrarios a la letra o al espíritu de la Constitución norteamericana, o simplemente le parecen poco acordes con sus principios, puede perfectamente decidir, desde el mismo momento en que tomó posesión, que los prisioneros de Guantánamo sean juzgados por cortes marciales ordinarias, con todas las garantías que les otorgue el Código de Justicia Militar. Puede incluso, si esta solución todavía le parece excesiva, decidir que sean trasladados a territorio norteamericano y puestos a disposición de los tribunales civiles ordinarios, que decidirán si los procesan o no y si los ponen en libertad sin juzgarlos, por falta de pruebas, o en libertad bajo fianza o en prisión preventiva hasta ser juzgados. Esto es lo que la izquierda quiere que se haga. No hay ninguna complicación técnica que estorbe a la toma de una decisión en ese sentido. A Obama le basta estar convencido, como durante la campaña dijo que lo estaba, de que ésa es la decisión correcta.
¿Por qué entonces se da estos 365 días? Las razones no pueden ser jurídicas, pues el problema jurídico, como se ha explicado, es suficientemente conocido. Si los EEUU no tienen derecho a mantener retenida a persona alguna sin ponerla a disposición judicial, no hay motivo técnico para continuar haciéndolo. ¿Por qué, entonces, lo hace Obama? ¿Con qué clase de solución técnica espera dar durante este año que no haya podido encontrar durante los meses anteriores a su toma de posesión? La respuesta es ninguna. Y lo es porque el problema, para Obama, no es técnico, sino práctico.
Obama no quiere encontrar una solución técnico-jurídica correcta. Si quisiera esto, ya habría dado con ella y la habría puesto en práctica. Lo que Obama teme es que, tras decidir poner los prisioneros de Guantánamo a disposición de los tribunales ordinarios, se vea obligado a liberar a algún tipo del que, sin existir suficientes pruebas contra él como para obtener una larga condena en un juicio ordinario, haya la seguridad de que se trata de un peligroso terrorista. Y, naturalmente, no quiere arrostrar la responsabilidad de liberarlo en nombre de ningún imperio de la ley, de ningún derecho internacional y de ningún derecho humano, por mucho que haya apelado a ellos durante toda la campaña, si luego ese individuo acaba con la vida de inocentes ciudadanos norteamericanos.
Es verdad que han sido liberados muchos presos de Guantánamo que no han cometido luego atentados terroristas. En España tenemos el caso de Hamed Aberrahmán Ahmed, un ceutí musulmán liberado en 2004. El llamado "talibán español" fue apresado por los americanos en la frontera afgano-pakistaní poco después del 11-S, cuando se entrenaba en un campamento terrorista de Al Qaeda. Nos lo entregaron bajo la condición de que nuestras autoridades judiciales lo condenaran por pertenencia a organización terrorista. La Audiencia Nacional lo condenó. Pero el Tribunal Supremo lo liberó, seguramente para dar a los norteamericanos una lección de democracia. De nada sirvió explicar al tribunal que, con independencia de las condiciones de su detención, estaba suficientemente demostrado que el sujeto había estado entrenándose en un campo terrorista, lo que hacía indudable su pertenencia a la organización que lo administraba. Pero si Guantánamo era una vergüenza, el talibán español tenía que ser liberado sin cargos. Ya habría ocasión de condenarle si finalmente se demostraba de forma fehaciente que era un terrorista del mejor modo que cabe demostrarlo: atentando. Los muertos que provocara podrían descansar apaciblemente en sus tumbas tranquilizados por la certeza de que los tribunales españoles son extraordinariamente celosos a la hora de enseñar Derecho a los avergonzados norteamericanos.
El caso es que el talibán español, que se sepa, no ha cometido ningún atentado, lo que ha venido a demostrar que, fueran las que fueran sus ideas cuando fue apresado, hoy es un ciudadano libre de toda sospecha, y eso mismo cabe esperar que ocurra con todos los que todavía se pudren en Guantánamo.
Es una lástima que su historia no coincida con la de otros presos que, tras ser liberados, han seguido caminos bien distintos. Es el caso de Abdalá Salaj al Ajmi, un kuwaití puesto a disposición de las autoridades de su país que, como en el caso del español, fue juzgado y absuelto. Después se trasladó a Mosul, en el norte de Irak, y allí falleció en un atentado suicida en el que logró segar la vida de siete iraquíes. Las familias de éstos tienen todos los días un recuerdo para la bondad tanto de las autoridades norteamericanas, que lo liberaron, como de las kuwaitíes, que lo absolvieron.
No menos notable es el caso del saudí Said Alí al Shiri, liberado de Guantánamo y entregado a las autoridades de su país, que lo obligaron a seguir un curso de reeducación financiado en parte con dinero norteamericano y especialmente diseñado para yihadistas radicales (no es broma). El preso atendió al curso sin evidenciar ninguna queja. Tras el fin del mismo, y lograda supuestamente su rehabilitación, se trasladó a Yemen, donde rápidamente se convirtió en el número dos de Al Qaeda en ese país y organizó un atentado que acabó con la vida de diez personas, además de los seis que intervinieron en su comisión. Nuevamente, los familiares de los fallecidos se consolarán pensando en el ímprobo esfuerzo que tanto las autoridades norteamericanas como las saudíes hacen por rehabilitar terroristas, aunque de vez en cuando fracasen.
Mientras Obama piensa qué hacer con los pobres desgraciados que aún se pudren en Guantánamo, los izquierdistas norteamericanos y europeos, siempre que los muertos que causen los que de allí salen liberados sean iraquíes o yemeníes, apenas experimentarán un escalofrío en sus conciencias. Creen que tenemos que esperar a que los terroristas maten para estar seguros de que son terroristas y poder detenerlos, juzgarlos y condenarlos, siempre que seamos capaces de reunir las pruebas suficientes para ello. Cualquier otra solución o atajo significa rebajarnos a ser de la misma calaña que ellos y otorgarles el triunfo de haber logrado que renunciemos a nuestros valores. No sé si estas reflexiones serán suficiente consuelo para las familias de los iraquíes y yemeníes fallecidos en el altar de la protección de los derechos humanos de terroristas conocidos.
Entonces, ¿qué inconveniente tiene Obama para poner a disposición de los tribunales federales a los 250 presos? Pues el problema es que cabe la posibilidad, que en algunos casos se convierte en probabilidad, de que parte de los que sean liberados a consecuencia de esta decisión, en vez de atentar en Irak o en Yemen, lo hagan en los EEUU. En tal caso, la opinión pública norteamericana, tan insensible a los derechos humanos de los terroristas, podría no reaccionar con el estoicismo que han mostrado iraquíes y yemeníes. Eso pondría en peligro el principal objetivo de todo presidente durante su primer mandato, la reelección. Por eso necesita tiempo para estudiar los casos de los 250 presos y ver hasta qué punto puede permitirse el lujo de ponerlos a disposición de los tribunales y arriesgar la liberación de algunos de ellos. Como digo, un problema asquerosamente práctico, que nada tiene que ver con los principios y mucho menos con los derechos humanos.
Naturalmente, la izquierda que lo ha jaleado hasta ahora, en nombre del imperio de la ley, del derecho internacional y de los derechos humanos, hará la vista gorda y se mostrará muy comprensiva con las precauciones de orden práctico que su campeón ya está tomando. Y la derecha, con tal de no ver liberados a peligrosos terroristas, procurará no enfrentar al presidente con sus propias contradicciones.
Mientras tanto, aquí, en España, los del partido de quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Lasa y Zabala aplaudirán hasta que les ardan las manos el mucho respeto que Obama tiene al Derecho en general y a los derechos humanos en particular, aunque sea un respeto con freno y marcha atrás. Y la derecha, que es la que, cuando gobernó, supo combatir el terrorismo con la ley en la mano, se limitará a callar y otorgar.
Emilio Campmany
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