El Consejo de Ministros analizó ayer las directrices de la futura regulación del aborto anunciadas por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el pasado jueves. Se consuma así la parodia parlamentaria que puso en marcha este departamento con una subcomisión del Congreso destinada a dar coartada a la reforma, y finalmente encallada por la falta de interés social y la pobreza de los argumentos proabortistas de los expertos convocados por el PSOE. El anteproyecto de ley estará terminado para antes del verano y podría aprobarse este mismo año. Pese a todo lo dicho, la intención del Ejecutivo socialista va mucho más allá de establecer una ley de plazos con un sistema de indicaciones: su objetivo es la despenalización absoluta del aborto en cualquier caso, es decir, la gratuidad de la muerte del feto, porque los expertos designados por el Ministerio de Igualdad proponen que esta regulación quede al margen del Código Penal. Por tanto, la fijación de plazos y la definición de indicaciones van a ser meramente testimoniales, porque su vulneración no va a ser reprendida penalmente, como sí sucede en los países europeos a los que supuestamente se aproximaría la nueva legislación. Así es como el Gobierno garantiza la seguridad jurídica de las mujeres que abortan: implantando el principio de impunidad.
Por lo demás, la propuesta de los expertos -de pensamiento único sobre esta cuestión- confirma lo que ya se sabía. El aborto será libre -y, por tanto, inconstitucional- en las catorce primeras semanas de gestación. Hasta la semana veintidós se podrá abortar cuando existan anomalías en el feto -por ejemplo, síndrome de Down- o cuando esté en riesgo la salud de la madre, fundamentalmente la psíquica, que es el actual coladero que hará que el aborto siga siendo igual de libre hasta este segundo plazo. Además, la ley arruina la responsabilidad familiar ante el embarazo no deseado de una hija mayor de dieciséis años, la cual podrá decidir por sí misma si aborta o no.
En definitiva, la futura ley condensa los postulados del extremismo abortista, semana arriba o abajo, y consolida la descalificación legal de la vida humana concebida y no nacida. Ante este desafío del Gobierno socialista, la oposición social, jurídica y política no sólo es legítima, sino necesaria, al menos para demostrar que no toda la sociedad española permanece indiferente ante este envilecimiento del Derecho y de los valores inherentes a la dignidad humana. La clase médica habrá de prepararse para una campaña de presión que pretenderá deslegitimar la objeción de conciencia, pero ésta es incuestionable porque el aborto libre e indicado no es un acto médico. El Tribunal Constitucional habrá de retratarse ante su propia doctrina de 1986 y la taxatividad del artículo 15 de la Constitución («Todos tienen derecho a la vida...»). Por último, el Partido Popular ha de mantener la encomiable actitud que ha sostenido durante las sesiones de la subcomisión y la sociedad que cree en el derecho a la vida y en la dignidad de la mujer, sentirse comprometida ante una ley que instaura una pena de muerte injusta, escondida tras falsos derechos subjetivos y que se aprovecha del anonimato y el silencio de la víctima.
Editorial ABC
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