La manifestación convocada por diversas asociaciones y grupos pro vida para mañana domingo en Madrid es una legítima y necesaria expresión del sentir de una parte de la sociedad española frente al aborto libre que propone el Gobierno socialista. Se trata de una reforma legal que no responde a necesidad social alguna, lo que descubre su finalidad puramente ideológica, y que lesiona valores esenciales de una sociedad que se respete a sí misma, como el derecho a la vida y la dignidad humana. Con más de 100.000 abortos al año -¿no son ya una catástrofe?-, la mayoría de legalidad más que dudosa, no hay razón legal ni científica que justifique la ampliación de ese eufemismo llamado «interrupción voluntaria del embarazo». Por el contrario, una cifra así debería mover a cualquier Gobierno a reflexionar sobre el daño ético que supone la legalización de miles de muertes de seres humanos concebidos y sobre cuáles son las carencias educativas, éticas, asistenciales y económicas que conducen a este trágico balance. Con la nueva reforma es falso que se combatan las causas del aborto. Al contrario, se da carta de naturaleza legal a la impunidad que reclamaban las clínicas abortistas, preocupadas de tener que pasar por el filtro de la ley. Nada más fácil para su planteamiento comercial que instaurar un aborto incondicional, sobre todo si finalmente la regulación del aborto sale del Código Penal, como anunció la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Esta ampliación del aborto está encontrando su debida respuesta en una movilización creciente. La Iglesia participa con pleno derecho en este debate, más aún si los sectores proabortistas le confieren el monopolio de la defensa de la vida del no nacido. Pero si el Gobierno se está viendo obligado a matizar ciertas propuestas, como la del aborto de jóvenes de dieciséis años sin conocimiento ni consentimiento paterno, es porque la resistencia al aborto libre trasciende lo confesional. Si no fuera así, la ministra de Igualdad no habría cedido a reunirse con representantes de movimientos pro vida, aunque se trate de encuentros puramente cosméticos y sin consecuencias reales en el futuro proyecto de ley.
La oposición al aborto no es una cuestión religiosa. Es, ante todo, ética y cívica, porque entraña una toma de posición sobre la dignidad del hombre y la mujer. Por eso son tan importantes los argumentos científicos recogidos en el Manifiesto de Madrid, secundado por cientos de científicos, intelectuales y profesores universitarios del más alto nivel. Otros científicos, no menos relevantes, pero, por ahora, menos numerosos, no comparten sus criterios. En todo caso, resulta llamativo que haya científicos que afirmen que no se puede establecer el momento en que un ser puede calificarse como humano. Quizá lo crean así porque el aborto gira en torno a la falaz idea de que el ser humano no es siempre humano. Pero este planteamiento es inconciliable con la mera constatación de que el ser que concibe una mujer sólo puede ser, desde el primer momento, humano y conserva esta condición hasta su muerte. No hay otra alternativa, ni científica ni legal. El Gobierno aspiraba a una marea ideológica a favor del aborto y ha provocado un movimiento polémico que engloba el estado actual de la cuestión. No hay progresismo ni derecho de la mujer que pueda verse reconocido con una iniciativa que supone al año más de 100.000 mil muertes.
Editorial ABC
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