Sectarismo proabortista

La salida en tromba del PSOE y su coro de falsos progresistas contra la Iglesia Católica es fiel reflejo de la mentalidad dogmática que expresa la reforma de la ley del aborto. El tono agresivo de los líderes socialistas contra los obispos incluye calificativos como «hipócritas», «extremistas» y defensores de posiciones «rancias» ajenas al progreso social. En cambio, es muy significativo el silencio de Chaves, Blanco, Alonso, Soria y demás portavoces del sectarismo gubernamental ante el «manifiesto de Madrid», firmado por mil científicos e intelectuales. Se trata de un documento basado en sólidos argumentos que derivan de la genética, la biología molecular, la embriología, la histología y otras ramas de la ciencia que parecen ignorar los «expertos» convocados a toda prisa por Bibiana Aído para dar cobertura a una decisión ya tomada. En su afán por abrir un debate artificial, el PSOE ni siquiera se preocupa por guardar las formas en materia de libertad de expresión. Parece que la Iglesia no tenga derecho a expresar su criterio en defensa de la dignidad de la persona y el derecho a la vida, y a utilizar los cauces propios de la democracia mediática para llegar a la opinión pública.

Una vez más se pretende recluir la religión en la esfera privada, vulnerando las reglas más elementales de la participación democrática y del debate riguroso sobre los asuntos públicos. Bajo este planteamiento partidista late una peligrosa tentación autoritaria cuyo objetivo es -una vez más- reducir al silencio o a la marginalidad a quienes se atreven a discrepar del pensamiento único y obligatorio.

Frente a ello, hay que reiterar una y otra vez que el aborto no es un derecho de la mujer sino un fracaso de la sociedad, que la vida humana tiene su origen en el momento de la fecundación y que los obispos, los fieles y cualquier otro ciudadano que rechace los dogmas impuestos desde el poder tienen perfecto derecho a expresar en público su criterio según los principios del pluralismo social. Promover una reforma injustificada de la legislación vigente, ya muy permisiva en esta delicada materia, supone un guiño hacia la izquierda radical, a la que Rodríguez Zapatero necesita cada día más a causa de su soledad parlamentaria. Es notorio también que todo vale con tal de que no se hable de la crisis económica y del fracaso absoluto de un Ejecutivo superado por las circunstancias y políticamente amortizado. Es triste, en todo caso, que las víctimas del oportunismo gubernamental sean los más débiles: el «nasciturus», que no puede defenderse por sí mismo, o las adolescentes, a las que se pretende otorgar la responsabilidad de una decisión que puede determinar para siempre el transcurso de su vida. No es lícito atribuir a los obispos la intención de que las mujeres que aborten vayan a la cárcel, como ha dicho José Antonio Alonso, más agresivo que de costumbre a la hora de abordar un asunto que afecta a la conciencia y a las convicciones más profundas. El derecho y el deber de la Conferencia Episcopal es iluminar la conciencia de los cristianos y hacer llegar la doctrina inequívoca de la Iglesia al conjunto de la sociedad española. Cualquier restricción a esta facultad es contraria al Estado de Derecho y a las libertades democráticas.

Editorial ABC

www.abc.es