En un Estado de Derecho, las víctimas se ven desposeídas de su legítimo derecho a castigar a quienes les hayan agredido a ellos o a los suyos, que recae en el sistema judicial. Así se intenta garantizar, en la medida de lo posible, la imparcialidad del proceso, la libertad de los sospechosos de haber cometido un delito o cierta proporcionalidad entre crimen y castigo. Sin embargo, ningún sistema penal debería olvidar que en su misma raíz está la satisfacción de la víctima, que renuncia así a hacer justicia por su propia mano, confiando esa tarea a policías y tribunales.
Resulta difícil defender que en España a la víctima se la tenga en cuenta. Bajo la idea –tan progresista ella– de que el delincuente es a su vez víctima de las circunstancias, o de la sociedad, hemos puesto todo el énfasis en su reinserción, olvidando que las penas han de tener también un carácter ejemplarizante y suponer un castigo justo y proporcionado a la naturaleza de su culpa, sin olvidar la clara utilidad de que un delincuente entre rejas es un delincuente que no está en la calle haciendo de las suyas.
Por esa razón De Juana Chaos, tras haber sido condenado a 3.000 años por los 25 asesinatos que ha cometido, y sin que nadie en su sano juicio defienda que está rehabilitado, podrá volver a las calles de San Sebastián, junto al domicilio de numerosas víctimas de ETA, tras cumplir sólo 21 años de cárcel. Un Gobierno que ha promovido que se puedan expedir ordenes de alejamiento contra maridos porque sus mujeres les denuncian por malos tratos, sin que se siquiera su culpabilidad, se lava las manos cuando un etarra sale de la cárcel tras cumplir una pena de chiste para vivir junto a sus víctimas. ¿Es eso justicia, ministro Bermejo, presidente Zapatero?
Editorial
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