A alguien del bando vencedor en la Guerra Civil que, como Santiago Carrillo en el republicano, sobreviviese a estas alturas y cargara con la fundada sospecha de su responsabilidad en un fusilamiento masivo e indiscriminado como el de Paracuellos, ¿cabría imaginarlo como respetado prócer o cotizado tertuliano? El caso del veteranísimo ex dirigente comunista es quizá el que con mayor claridad revela el sinsentido en el que se ha embarcado el juez Baltasar Garzón, pues, como hacen notar los historiadores, Carrillo quedó eximido de toda responsabilidad penal no ya por la amnistía general de 1977, sino por una "ley de punto final" dictada por el tardofranquismo en 1969. Por eso, y por otras razones, el propio Garzón rechazó tajantamente actuar contra él en 1998. Pero ahora que asociaciones de memoria histórica (de la "oficial", afín siempre al bando republicano) reclaman la "imprescriptibilidad" de los terribles asesinatos de entonces, por entenderlos como delitos de lesa humanidad, seguramente sólo se encontraría una persona viva contra la que actuar y a la que llegar a sentar en un banquillo. Y todo apunta a que esa persona sería Santiago Carrillo. Sin embargo, últimamente se está confundiendo una justa reivindicación de los familiares de represaliados por los vencedores de la guerra (la de averiguar dónde están enterrados sus difuntos, darles una sepultura digna y restituir su dignidad y su memoria) con una "caza de brujas" que busca declarar malvado en esencia a uno de los bandos contendientes, sin más matices, con el irresponsable riesgo que ello supone para la convivencia de los españoles. Por esa perniciosa vía se puede estar deslizando, aparentemente, el juez Garzón, sobre quien ya algunos sospechan que anda buscando un Carrillo de derechas.
Blanca Torquemada
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