La situación de los presos políticos cubanos es tan lamentable que cualquier mejora en sus condiciones de reclusión ha de ser acogida como una buena noticia. En medio de la injusticia que significa que haya personas privadas de libertad por reclamar pacíficamente el respeto a los Derechos Humanos, merece ser celebrada cualquier brizna de aire fresco, como el traslado a cárceles mas próximas a sus domicilios de seis de estos defensores de la democracia que ha sido conocida en los últimos días, el primer resultado de las gestiones de la Iglesia Católica. Si ello fuera el síntoma de que el régimen de La Habana está dispuesto a mudar sus posiciones sobre la esencia del problema, es decir, a reconocer que las condenas son injustas, estaríamos ante un cambio fundamental de la situación política en la isla, que merecería el aplauso general. Sin embargo, nada de lo que ha sucedido hasta ahora permite suponer que las autoridades cubanas hayan dado ese paso ni hay síntomas de que estén preparados para darlo a corto plazo.
Por ello, es necesario recordar que la libertad no es un valor divisible y que no es ético comerciar con ella, ni permitir que la dictadura obtenga réditos políticos de las injusticias y atropellos que comete. Los defensores de la democracia en Cuba no están en la cárcel por haber reclamado ciertos derechos para sí mismos, sino porque exigieron la libertad para todos los cubanos, rehenes de la dictadura tanto dentro como fuera de las prisiones. Si el hecho de que se mejore la situación personal de media docena de presos políticos ha de significar que a cambio la Iglesia cubana debe aceptar que sus condenas y las de tantos otros son legítimas, entonces su mediación no puede ir muy lejos. En el caso de que la dictadura pretendiese enviar un mensaje conciliador a la comunidad internacional -y más concretamente a la Unión Europea y a Estados Unidos- es evidente que lo que ha hecho no es suficiente para convencer a nadie. Lo que el mundo espera del régimen de La Habana es que libere a todos los presos políticos y que permita que los cubanos puedan elegir por fin libremente quién les gobierna, en condiciones plenamente democráticas.
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