La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha ratificado la decisión de todos cuantos presentaron contra él un recurso de inconstitucionalidad. Aunque la decisión final haya limitado la anulación a catorce artículos e interpretado una treintena más —abusando así del peligroso método de la sentencia interpretativa que declara constitucional no lo que dice la norma, sino cómo debe ser aplicada—, el Estatuto de Cataluña lesionaba gravemente la Constitución Española de 1978 y gracias a los recursos —encabezados por el PP— se ha reparado en parte esta vulneración. En efecto, el Poder Judicial se mantendrá unitario para todo el territorio nacional, sin caer en el sistema confederal que preveía el Estatuto, auténtica ruptura de la unidad jurisdiccional del Estado. También gracias al recurso del PP, el Estatuto no será la base legal de la imposición monolingüística que defienden el socialismo y el nacionalismo catalanes. Y queda meridianamente claro que Cataluña no es una nación más que en el diccionario nacionalista y en el terreno de los símbolos. La inclusión de este término en el Preámbulo del Estatuto es, según el TC, irrelevante porque no tiene valor jurídico, sino testimonial. Gracias a esta declaración, la presidenta del TC, María Emilia Casas, logró el apoyo del magistrado Manuel Aragón, hasta ayer baza principal de quienes confiaban en que el Alto Tribunal aprobara un pronunciamiento más defensivo del orden constitucional y del Estado. En suma, casi la mitad de los artículos impugnados por el PP tenían tachas de inconstitucionalidad.
La conclusión política inmediata de esta sentencia es que los recurrentes tenían razones más que suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto, que su recurso ha sido un servicio al Estado y a la Nación, y que el TC ha reparado en parte la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero embarcó a España en una aventura confederal, cuyo objetivo no era otro que sellar una política duradera de pactos con el nacionalismo catalán. Al final, ni una cosa ni otra. El Estatuto con el que se identifica el PSOE, según su secretaria de Organización, atacaba bases esenciales del Estado y su responsabilidad política por haber aprobado esta ley es innegable. Ahora vendrá una estrategia de propaganda tendente a mitigar los efectos políticos de la sentencia del TC, refugiándose en la minoría del llamado bloque conservador —cuyos cuatro integrantes han anunciado votos particulares a la decisión— y en el limitado número de artículos anulados en proporción a los que fueron impugnados. Será la enésima maniobra de distracción para evitar asumir el daño que el Gobierno y el PSOE han causado a la estabilidad del Estado introduciendo en su ordenamiento jurídico un auténtico «caballo de Troya» contra la soberanía del pueblo español y la unidad constitucional.
La satisfacción impostada del Gobierno socialista ya contó ayer con las primeras reacciones exacerbadas del tripartito catalán y del nacionalismo, convocando a la sociedad catalana a arremeter contra el TC. Su estrategia más reciente ha consistido en negar al TC cualquier legitimidad para decidir sobre el Estatuto, porque había sido votado en referéndum por los catalanes. También este desafío se ha saldado con una derrota de los postulados social-nacionalistas, porque queda claro que la Constitución está por encima de cualquier ley aprobada por el Parlamento, aunque sea ratificada en referéndum. Solo las reformas constitucionales aprobadas por el pueblo español, titular de la única soberanía nacional existente en España, quedan al margen de la competencia del TC.
Una vez que se conozcan los criterios interpretativos aprobados por el TC para la treintena de artículos que la sentencia acomoda a la Constitución, podrá valorarse de qué manera se gestionará el día siguiente a la sentencia. Porque hay dos opciones: o meter a Cataluña en un proceso de insubordinación constitucional, o abrir un período de recomposición del Estado autonómico. La responsabilidad de elegir correctamente es solo de los gobiernos central y autonómico, y especialmente del PSOE y del PSC. Mariano Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer: defender, y con éxito, el interés nacional. El problema es ahora de los socialistas entre sí, porque tendrán que resolver sus contradicciones internas. El TC ha despejado del escenario catalán una incógnita que condicionaba el período preelectoral y las relaciones entre partidos. Al PP ya no se le puede exigir que retire el recurso, porque está resuelto, ni reprocharle que lo interpusiera, porque tenía razones para hacerlo.
Pese a que el TC ha reducido la intensidad de los daños causados por el Estatuto, la sentencia se queda corta, porque queda en pie buena parte de una norma estatutaria que se generó como competidora de la Constitución. Por eso, su vicio de inconstitucionalidad era mucho más radical que parcial.
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