«Evitar errores»

Creo que los españoles son conscientes de lo que significó en la lucha contra la lacra persistente del terrorismo de ETA la política seguida entre 1996 y 2004. La vivieron y en no escasa medida la protagonizaron con una movilización social sin precedentes. Fueron los españoles los que aportaron a la lucha contra el terrorismo un compromiso cívico que acompañó y fortaleció el esfuerzo de las instituciones y el despliegue del Estado de derecho frente a sus enemigos.

Sin embargo, esto no significa que no debamos hacer el esfuerzo de recordar y de explicar bien lo que entonces supimos hacer. Ésa es la mejor manera de evitar errores y de vencer tentaciones que puedan apartarnos nuevamente del camino correcto. A mediados de los 90, la respuesta contra el terrorismo de ETA se encontraba lastrada por una extendida frustración. Tan extendida que muchos parecían haber sido arrastrados a aceptar que el Estado democrático era incapaz de acabar con la agresión desestabilizadora de la violencia terrorista. Como alternativa a la eficacia del Estado de derecho, la estrategia ante la banda terrorista parecía condenada a oscilar de manera errática entre los extremos de la lucha ilegal o el desistimiento que asumía como inevitable para procurar el final de ETA una negociación política en la que los terroristas podrían identificar alguna contrapartida que la perspectiva de la paz haría aceptable.

La crisis política que acompañó al final del ciclo socialista en 1996 se unía al constante patrocinio de procesos negociadores por parte del nacionalismo vasco, que, por un lado, se veía como beneficiario del precio político que el Estado habría de pagar a los terroristas y, por otro, aprovechaba en su favor el crédito que conservaba el «final dialogado» contemplado en el Pacto de Ajuria Enea. De este modo se alimentaba la imagen de una ETA imbatible, dotada de una capacidad ilimitada de recuperación frente a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y apoyada por decenas de miles de votos que activaban sus organizaciones políticas desde la legalidad que buscaban destruir.

El Gobierno salido de las elecciones de 1996 tenía que hacer frente a un deterioro para entonces más que alarmante de los instrumentos del Estado. Tenía que ofrecer a la sociedad española un compromiso de liderazgo sin reservas contra ETA. Y tenía que enviar a la banda terrorista un mensaje no menos claro de determinación.

Los ocho años de lucha contra ETA que llevaron a cabo los Gobiernos que tuve el honor de presidir responden a unas claves sencillas de formular: restablecer la confianza en las instituciones democráticas, afirmar la capacidad del Estado de derecho para derrotar el terrorismo y, por tanto, negar el mito de su imbatibilidad; reconocer el valor y la dignidad de las víctimas y su derecho a la reparación moral y material, afirmar el valor del marco político de convivencia que nos dimos los españoles, apoyar la movilización cívica contra el terrorismo y perseguir todos los métodos de coacción y violencia de éste sobre el conjunto de la sociedad, muy singularmente la vasca.

A lo anterior es preciso añadir dos presupuestos esenciales que quedan bien explicados en esta obra. Por un lado, la consideración de ETA como cabeza de un entramado de organizaciones criminales contra las que era preciso actuar con instrumentos legales adecuados y con el impulso necesario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Ley de Partidos y la ilegalización de las sucesivas marcas electorales de la banda terrorista son las expresiones más relevantes de esta estrategia, pero no las únicas, si se tienen en cuenta las medidas adoptadas contra organizaciones responsables del terrorismo callejero o medios de comunicación bajo la disciplina de ETA.Por otro, la consideración de la política antiterrorista como una política verdaderamente de Estado a la que debía dotarse de continuidad mediante el compromiso de los dos principales partidos.

Pero rechacé las políticas de «mínimo común denominador» que, en aras de una cuestionable unidad, impedían el avance de la estrategia contra ETA al quedar ésta subordinada al ritmo que marcaba el que menos quería avanzar o no quería avanzar en absoluto.

El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo representó, precisamente, la superación de este enfoque y la adopción de objetivos e iniciativas que entonces el Partido Socialista se mostró dispuesto a compartir.

De todas mis responsabilidades como presidente del Gobierno, la lucha contra el terrorismo fue la más exigente, la más dura y, para mí, la más estimable en el compromiso con mi país y mis compatriotas. Ciertamente, plasmar en la acción política estos principios no es tan fácil como formularlos. Pero no hay nada de melancólico en la evocación de ese esfuerzo porque en modo alguno fue baldío.

Bien al contrario, es el recuerdo del esfuerzo de las víctimas en la superación de su dolor; del esfuerzo de los resistentes venciendo el miedo; del esfuerzo de tantos cargos públicos rechazando el desistimiento; del esfuerzo de los que, decididos a seguir haciéndose oír, no han permitido ser amordazados por la coacción de los terroristas; del esfuerzo y la dedicación de guardias civiles y policías, de jueces, magistrados y fiscales. En suma, un gran compromiso colectivo en el que los españoles dieron lo mejor y que nadie tiene derecho a malgastar.

José María Aznar

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