Es sin duda legítimo plantearse si el ejército israelí cometió un error táctico al asaltar una flotilla propagandística cuyo objetivo era precisamente ser asaltada para espolear el odio internacional contra Israel. Al fin y al cabo, las reacciones de la organización islamista que envió la Flotilla, la IHH, o de los activistas españoles pro-Hamas nada más regresaron a España, vinieron caracterizadas, no por la tristeza y la rabia de haber fracasado en su supuesto objetivo (la "ayuda humanitaria" a Gaza), sino por la satisfacción de haber cumplido con su misión. Si los filoterroristas celebran su éxito, es lógico preguntarse de quién ha sido el fracaso.
Dentro del propio Israel no son pocos quienes exigen la dimisión del ministro laborista de Defensa Ehud Barak. Es lo que sucede en las sociedades libres y democráticas como la israelí: hay disensión de opiniones y, desde luego, los ciudadanos no permanecen imperturbables ante las posibles responsabilidades políticas. Ya sucedió en 2007 con la comisión de investigación por la Segunda Guerra del Líbano que condenó la incorrecta gestión del entonces primer ministro Ehud Olmert y casi provoca la caída de su gobierno.
Cuestión muy distinta, claro, es que se pretenda convertir el caso del Mavi Marmara en la prueba final de la maldad intrínseca de Israel, en el argumento definitivo para aislar a un Estado democrático al que se llega a acusar de "pirata" y "genocida". Porque, en tal caso, no sólo se estaría camuflando el odio a Israel y, en general, a "lo judío" tras un falso discurso humanitario que no alcanza ni siquiera a los palestinos que se ven sometidos a Hamas (por no hablar de los israelíes que siguen siendo bombardeados diariamente desde Gaza o, yendo más allá, de todos los millones de musulmanes damnificados, torturados y asesinados por las autocracias y teocracias que circundan a Israel), sino que además se estaría cayendo precisamente en la trampa que Hamas quería tendernos a todos.
En concreto, negarle a Israel todo derecho de defensa frente a quienes quieren aniquilarlo supone no reconocerlo como una democracia capaz de detectar y castigar la eventual antijuridicidad de sus acciones defensivas o, aún peor, pedirle directamente que deje de defenderse y se suicide, algo que de nuevo los valientes gobiernos occidentales no se atreverían siquiera a sugerirle a ninguno de los regímenes más despóticos de la zona. Bien está, pues, que el Gobierno israelí se haya negado a someter su derecho soberano a la defensa a una comisión de investigación "independiente" dentro de esas Naciones Unidas tan prestas a aceptar a dictadores y asesinos como legítimos representantes de los pueblos a los que someten; las mismas Naciones Unidas, no lo olvidemos, que en un gesto de máxima infamia definieron en 1975 (en la resolución 3379) al sionismo como una "forma de racismo y de discriminación racial".
Lo preocupante, no obstante, es que la estrategia de Hamas para azuzar el antijudaísmo de Occidente y lograr así aislar a Israel está funcionando. Esperemos que ese aislamiento no logre, a su vez, romper el consenso que existe en el interior del país sobre la necesidad de no ceder ante el terrorismo a cambio de hipócritas gestos de aprobación de quienes desde hace décadas vienen insultando a Israel. La ONU es un claro ejemplo de esto último; la quintaesencia de la degeneración antiisraelí, antioccidental, antiliberal y antidemócrata del mundo desarrollado. De momento ella sigue a lo suyo: ser una correa de transmisión de la propaganda de Hamas. Nada bueno puede sacar Israel de ella.
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