El mundo no suele fijarse en más de una o dos cosas a la vez y esta semana ya ha tenido bastante con el plan sanitario de Obama y la tensión entre EE.UU. y su tradicional aliado Israel.
Tal vez por eso ha pasado desapercibida otra noticia que nos afecta directamente: el preso de Guantánamo número 1030, de nombre Abdul Hafiz, liberado de aquel centro de detención el pasado 19 de diciembre y enviado para su reintegración a Afganistán, ha pasado a ser el responsable del comité de secuestros y chantajes de los talibanes, bajo las órdenes del mulá Abdul Qayum Zakir (otro ex prisionero de Guantánamo). De hecho, el principal asesor en contraterrorismo de la Casa Blanca, John Brennan, ha tenido que reconocer que en torno al 20% de los liberados vuelven a retomar sus actividades terroristas. Y por lo que sabemos del caso de Abdul Hafiz, cada vez les lleva menos tiempo.
El gobierno de Rodríguez Zapatero, en un gesto de generosidad con Obama, aceptó albergar en nuestro suelo a varios detenidos de Guantánamo. Detenidos que, al carecer de cargos en nuestro país, deben quedar en total libertad. Dada la alarma social, el Gobierno decidió mantenerlos con una libertad de movimientos restringida, aunque supusiera violar todos los preceptos legales al uso para una persona que no está acusada de nada. Es una opción intermedia entre el limbo de Guantánamo y el paraíso español.
Es de suponer que el Gobierno tendrá un ojo vigilante sobre todas sus actividades y movimientos. Esto es, que los españoles pagaremos una abultada factura por ello.
El Gobierno dice que no puede hacer otra cosa para preservar nuestra seguridad. Pero sí podría si quisiera: encarcelar a estos presos bajo la acusación de pertenencia a banda armada. ¿No es, al fin y al cabo, nuestra justicia de alcance universal? Viviríamos más seguros y nos saldría más barato.
Rafael L. Bardají
www.abc.es
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