Estas últimas semanas han sido desafortunadas para América Latina. Además de los enormes terremotos que azotaron a Haití y Chile, una muerte provocada por una huelga de hambre en Cuba y la represión creciente contra los derechos humanos y la oposición en Venezuela también han sacudido a la región. Para empeorar la situación, la región también ha presenciado un intento superficialmente absurdo, aunque realmente peligroso, de los países de la ALBA -Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay- para crear, con la aquiescencia de México, Brasil y Argentina, una organización regional con la exclusión de los EE.UU. y Canadá. La esperanza es que este nuevo grupo sustituya en última instancia a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La represión contra la libertad de prensa, el Estado de derecho y los procesos electorales en Venezuela empeora cada vez más. La OEA únicamente puede intervenir en los asuntos internos políticos, electorales y de derechos humanos si la mayoría de sus miembros le da el mandato para hacerlo, y los países como México y Brasil están temerosos de provocar una disputa con Venezuela. No obstante, Hugo Chávez tiene razón en estar nervioso.
Las elecciones legislativas de septiembre serán un mayor desafío para Chávez que en ocasiones anteriores. Los cortes en la electricidad, la prolongada sequía, la inflación y la escasez están haciendo más difícil la vida de la población venezolana, y la aceptación de Chávez en las encuestas de opinión está cayendo.
Por todo lo anterior, así como por la proclividad de Chávez a las farsas espectaculares, y la destreza de los cubanos para tomar la ofensiva diplomática, los países de la ALBA pueden estar preparando una gran trastada latinoamericana. La OEA celebrará su asamblea nacional en junio de este año en Perú, y varios países -Canadá, Costa Rica, EE.UU., Colombia, Panamá, el mismo Perú, y probablemente Chile- presionarán para que Honduras sea readmitida. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Paraguay, y posiblemente Argentina, se negarán.
El resultado bien puede ser que estos países dejen la OEA y busquen refugio en la nueva organización que acaban de establecer. México y Brasil no harán lo mismo pero tampoco se opondrían a la medida. El hecho de que la reunión de Cancún no ofreció los fondos, la sede, la carta o el personal para la nueva organización no importa: los líderes latinoamericanos están acostumbrados a construir castillos en el aire.
Pero incluso una estructura puramente retórica probablemente significaría la sentencia de muerte de la OEA y debilitaría sus instrumentos de derechos humanos, que han demostrado su creciente valor y eficacia. El principal desafío a que se enfrenta la OEA -si sobrevive a la salida de la izquierda radical- es llenar las lagunas de sus documentos básicos en lo que respecta a la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos.
Estas lagunas consisten en no definir con precisión qué significa la interrupción de un régimen constitucional -¿es sólo el derrocamiento de un presidente electo, o también el cierre de una legislatura o un canal de televisión?- y ofrecer a la OEA facultades más allá de de la suspensión de sus miembros por infringir sus preceptos. Esta revisión debería de ser la tarea principal del reelecto secretario general, junto con mantener unida a la OEA y defender la democracia latinoamericana contra la arremetida de la ALBA.
Jorge Castañeda
© Project Syndicate
Ex ministro de Relaciones Exteriores de México
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