Promoción del aborto

Ayer informaba ABC sobre un acuerdo de la Junta de Andalucía en virtud del cual las andaluzas que dispongan del «carné joven» podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 20 por ciento en consultas y servicios para poner fin a su embarazo. Bajo la aparencia de prestaciones sociales y culturales, la Junta promueve el aborto con una absoluta falta de respeto hacia las convicciones morales y la conciencia de muchos millones de ciudadanos, pero también con una interpretación muy discutible de la ley vigente que -no se olvide- está pendiente de sentencia del TC. Utilizar a los poderes públicos para dar cobertura al negocio privado de determinadas clínicas supone una vulneración de las reglas básicas del Estado de Derecho. Como es notorio, comparar el aborto con los descuentos en talleres de coches o en las entradas para el cine y el teatro significa una degradación de los principios éticos que rigen la convivencia en una sociedad civilizada. Resulta sorprendente por ello que fuentes de la Junta afirmen que éste es un «servicio» como cualquier otro, con una falta absoluta de pudor a la hora de equiparar la vida de un ser indefenso con actividades de ocio o entretenimiento.

Por unas u otras vías, el PSOE persiste en el empeño de promover una determinada visión ideológica de la realidad que, bajo pretexto de falso progresismo, supone una ruptura de la neutralidad exigible a los poderes públicos. No es lícito utilizar los medios de la Administración, financiados con el dinero de todos, para fomentar el «estilo» que pretende imponer Bibiana Aído al comportamiento de los jóvenes españoles en asuntos de la máxima trascendencia. El negocio de determinadas clínicas para acabar con la vida del «nasciturus» ha creado ya una trama de intereses comerciales que ejerce una presión eficaz sobre determinadas administraciones. La Junta andaluza debería eliminar de inmediato este sedicente servicio de su catálogo de prestaciones a los jóvenes, porque no es una mera anécdota sino la prueba de una preocupante degradación moral y jurídica, que debe ser rectificada cuanto antes. De lo contrario habrá que pensar que los intereses espurios y los dogmas ideológicos predominan sobre los principios que deben inspirar la actuación administrativa.

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