Baltasar Garzón es un juez que cultiva la polémica. Es audaz en muchas de sus iniciativas y algunas han sido muy beneficiosas en la lucha contra ETA. Otras, como los sumarios por justicia universal, han sido frustrantes al alimentar esperanzas imposibles en las víctimas. Como instructor es manifiestamente mejorable y actualmente vive inmerso en un exceso de protagonismo extrajudicial poco recomendable para el ejercicio de la función que tiene encomendada. Su fama nacional e internacional -labrada sobre decisiones jurídicas más efectistas que eficaces- le ha extendido una cierta carta blanca para desarrollar su profesión de una manera impensable para el resto de los jueces mortales, sometidos generalmente a estrictas normas para la concesión de licencias y permisos. Por eso, sólo el juez Garzón podía haber iniciado una investigación universal sobre muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, sin atenerse a los presupuestos mínimos que se exigen para iniciar válidamente cualquier proceso penal: comprobar la competencia del órgano judicial y calificar provisionalmente los hechos que se investigan.
Al margen de los reproches políticos que merece su decisión judicial, Garzón ha emprendido esta instrucción penal con graves anomalías, oportunamente advertidas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pidió el archivo de las denuncias presentadas por diversas asociaciones relacionadas con la «memoria histórica». El Ministerio Fiscal expuso a Garzón argumentos contundentes: los crímenes denunciados no constituyen genocidio ni terrorismo sino delitos comunes de asesinato, tortura o secuestro; sus autores estarían exculpados por la Ley de Amnistía de 1977 y la competencia, en todo caso, correspondería a las Audiencia Provinciales en cuyos ámbitos se hubiesen cometido los delitos, no a la Audiencia Nacional. Garzón ha hecho caso omiso a estas alegaciones.
Las diligencias ordenadas por Garzón tampoco pueden justificarse con la explicación de que son necesarias para que el juez de la Audiencia Nacional pueda decidir si es o no competente. El número, notoriamente ingente, y la localización -dispersa por todo el territorio nacional- de los muertos y desaparecidos desde el 17 de julio de 1936 son datos irrelevantes, desde el punto de vista procesal, para decidir la competencia tasada de la Audiencia Nacional. Lo relevante es la calificación del delito y Garzón la ha omitido. Al actuar así, Garzón está utilizando sus potestades investigadoras sin base jurídica y lo lógico sería que la Fiscalía impugnara su decisión. Además, parece razonable esperar que, en algún momento, se armonice en la actividad del juez Garzón el principio de independencia con el de responsabilidad judicial. Son ingentes los medios materiales y humanos que va a requerir el cumplimiento de las diligencias ordenadas por este juez y muchas más podrían ser las esperanzas frustradas de las familias que llevan decenios esperando saber dónde están enterrados sus seres queridos.
En el plano político, las críticas del PP y de muchos sectores sociales no sólo tienen la base jurídica que ha expuesto la Fiscalía o la asociación progresista Jueces para la Democracia. La experiencia de la anterior legislatura permite temer que esta investigación mantenga viva la utilización artera de la «memoria histórica», renovándola como arma arrojadiza contra la derecha democrática y la Iglesia Católica, aunque puestos a investigar habrá quienes quieran saber quiénes ordenaron las aterradoras matanzas de religiosos o las ejecuciones masivas de los presos políticos encarcelados en las prisiones y checas del Madrid republicano. Memoria para todos. La ley de Memoria Histórica encomienda su atención a las administraciones públicas, no a los jueces, afectados a lo sumo por la declaración de ilegitimidad -que no de nulidad- de los tribunales franquistas y sus sentencias. No tardarán en salir quienes acuciados por los posibles efectos electorales de la crisis económica culparán a la Iglesia y a los populares de querer encubrir los crímenes del franquismo y así volver a la crispación para correr un tupido velo sobre la gestión del gobierno socialista.
Editorial ABC (Miércoles, 3 de septiembre de 2008)
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