Uno de los rasgos más típicos y destructivos de nuestro carácter es volver a librar pasadas batallas, no sé si con el afán inútil de revertir sus resultados o de olvidar las batallas del presente. Cuando España está en la peor crisis económica de las últimas décadas, cuando los nacionalistas catalanes echan un pulso al Gobierno e Ibarretxe pide a los vascos que denuncien en Estrasburgo al Estado por violación de los derechos humanos, mientras el Tribunal Constitucional sigue paralizado ante este asalto coordinado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a parroquias, ayuntamientos, obispados, ministerios, archivos, que le informen sobre las víctimas del franquismo para decidir, a la vista de ello, si es competente sobre el caso. Poner el carro delante de los bueyes es especialidad de este juez, con el consiguiente sobreseimiento de la mayoría de sus causas. Pero el golpe propagandístico ya lo ha logrado.
Como jurista no sale de nuevo muy bien parado. Su auto presenta enormes lagunas legales. La primera, contravenir la Ley de Amnistía de 1977, que impide abrir causas por delitos cometidos durante la guerra civil. E incluso si esos delitos fueran perseguibles, no son competencia de la Audiencia Nacional, cuyo campo es el terrorismo. Por si ello fuera poco, es un principio jurídico que los asesinatos caen dentro de la jurisdicción penal, que a su vez exige una responsabilidad personal. Algo imposible en este caso por el simple hecho de que los responsables de esos actos han muerto. Por último, la causa que Garzón intenta poner en marcha representa un trabajo monumental. Sólo el estudio de los documentos de las 22.800 parroquias requeridas, más los de los archivos, declaraciones, verificaciones, requeriría cientos de funcionarios, miles de horas de trabajo, millones en gastos que la justicia española, ya sobrelastrada de por sí, sería incapaz de soportar. Por no hablar del rabo por desollar: ¿qué hacemos con las víctimas en la España republicana? ¿Se va a investigar también lo ocurrido en Paracuellos?
Todo esto tiene que saberlo Garzón. ¿Por qué, entonces, lo ha hecho? No quiero entrar en intenciones, un campo tan resbaladizo como una pista de hielo, así que imagine por su cuenta cada lector lo que quiera. Lo que sí me atrevo a decir es que el magistrado de la Audiencia Nacional no sólo se ha saltado a la torera la Ley de Amnistía de 1977, sino también ha dado la puntilla a la Transición, después de los rejones que por todos los lados vienen metiéndole últimamente. ¡Y nosotros que estábamos tan orgullosos de ella! Pero con la misma tierra que se saca de las tumbas de aquellos muertos se entierra aquel intento de reconciliar a los españoles. Todo muy en la línea de la creciente confrontación de territorios y personas a que estamos asistiendo.
¿Se nos olvidará así la crisis económica, que envía al paro un montón de trabajadores cada día? Tampoco lo sé. Pero está visto que volvemos a nuestro deporte favorito: volver a librar las viejas batallas, y no aprender nada de ellas.
José María Carrascal
www.abc.es
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