Periodismo implica cotejar. Incluso cuando la fuente de una información es la agencia AP o el «New York Times» cabe hacer preguntas que confronten lo difundido con los hechos conocidos. El viernes pasado, AP transmitió que en noviembre de 1985 el cardenal Ratzinger firmó una carta demorando la decisión de devolver al estado laico al padre Stephen Kiesle, al que se acusaba de haber abusado de niños. Implícita estaba la acusación de que con ello pudo abusar de otros desde su condición sacerdotal. La noticia fue reproducida por infinidad de medios, quizá sin hacerse algunas preguntas. ¿Abordaba el cardenal Ratzinger las acusaciones de pedofilia del padre Kiesle? No. La congregación para la Doctrina de la Fe no fue competente en esta materia hasta 2001. ¿Se opuso el obispo de Oakland, John Cummins, a devolver al estado laico a Kiesle? No. Apoyó que fuera relevado de sus votos sacerdotales. Y en 1987 el Vaticano aprobó el abandono del sacerdocio por Kiesle. ¿Abusó Kiesle de otros niños antes de ser laico? Hasta donde se sabe, no. La siguiente denuncia contra él data de 2002, quince años después de dejar el sacerdocio. ¿El retraso del cardenal Ratzinger en tomar una decisión sobre la laicidad de Kiesle le permitió continuar con su ministerio? No. Cummins, en uso de sus competencias, le apartó del sacerdocio.
En otro caso de pedofilia, el «New York Times» cuenta las andanzas del padre Lawrence Murphy, que abusó de niños sordos en un colegio de Milwaukee y nunca fue castigado por la Iglesia. Pruebas no publicadas por el «Times» demuestran que se le prohibió celebrar sacramentos en público y tener contacto con menores sin estar acompañado. Y lo que tampoco contaba el «Times» era que su fuente, el abogado Jeff Anderson, lleva ganados a la Iglesia en 2002 60 millones de dólares y ahora planea denunciar al Papa. Y ese dato, periodísticamente, parece relevante.
Ramón Pérez-Maura
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