El Consejo Europeo de Bruselas ha llegado a un acuerdo sobre las relaciones de la UE y la dictadura cubana que, bajo la inspiración del Gobierno español, se elimina definitivamente las medidas diplomáticas de presión aprobadas en 2003. Esta era una condición que había impuesto el régimen de La Habana para considerar la normalización de las relaciones con Europa, y se entiende que la diplomacia española ha actuado teniendo en cuenta esta exigencia. No cabe duda de que la intención del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, era facilitar el camino para que la interlocución con las autoridades cubanas sea lo más fluida posible, con la esperanza de que ello permita cierta apertura del régimen. El Gobierno habla incluso de la posibilidad -durante la presidencia española, dentro de dos años- de firmar un acuerdo de cooperación de Cuba con la UE.
El precio que ha tenido que pagar el ministro Moratinos para lograr el objetivo simbólico de levantar las sanciones al régimen castrista es una declaración que también satisface a los países que, como la República Checa, Alemania, Holanda o Suecia, no quieren darle un cheque en blanco a la dictadura. Es más: si se compara con la situación anterior, la declaración que acaba de aprobar el Consejo Euriopeo incluye -tal como quería España- el diálogo con Cuba, pero es mucho más clara en cuanto a las exigencias concretas a las autoridades de La Habana sobre la liberación incondicional de los presos políticos, la entrada de las organizaciones internacionales a las cárceles, el diálogo con la oposición pacífica o el acceso de la población a la red de internet.
Además, en el mecanismo de revisión anual se ha invertido la carga de la prueba, de manera que, para mantener la política de diálogo que promueve Moratinos, todos los países tienen que estar convencidos -por unanimidad- de que ha sido útil. Debido a uno de esos azares del calendario europeo, la revisión del año que viene se realizará bajo presidencia de la República Checa, el país que mantiene una posición más crítica contra la dictadura y contra la actual política española. De esta manera, lo que se ha aprobado es dar un año de prueba a las ideas que ha defendido España, pero manteniendo un riguroso criterio crítico.
El problema para nuestra diplomacia es haber puesto el éxito de esta arriesgada gestión en manos de la dictadura cubana. Si Raúl Castro y su hermano decidieran por fin dar pasos concretos y relevantes a favor de la democratización del régimen, la apuesta de España habría sido un éxito, pero por ahora no existen indicios claros de que en La Habana estén pensando en estos términos. Igual que ha sucedido con Hugo Chávez, las sonrisas voluntaristas no sirven de nada cuando se trata con caudillos que obran sin control democrático. Un día todo son buenas palabras cuando Moratinos viaja a Caracas, pero al día siguiente se escuchan en boca del caudillo graves amenazas contra las empresas españolas, y europeas, a cuenta de una legislación sobre repatriaciones que -por cierto- ya había sido pactada con los líderes iberoamericanos en la cumbre de Lima. Justo después del regreso del ministro de Exteriores de Venezuela, la Unión Europea se encuentra con un Chávez desaforado que amenaza a la UE con cortar el suministro petrolero. Al gesto de tenderle la mano para que viaje a España, Chávez ha respondido frivolizando con la figura de Don Juan Carlos.
La apuesta que hace Moratinos es muy arriesgada. Por mantener los contactos diplomáticos con el entorno de gobiernos populistas que va desde La Habana a La Paz, pasando por Caracas, ha hecho concesiones de principios. Asegura que obtendrá resultados y -al menos en lo que se refiere a la dictadura cubana- la UE le ha dado un plazo estricto para que lo pruebe. El reto de Moratinos no está exento de riesgos que podrían comprometer seriamente su figura como mediador.
Editorial - ABC
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