Si se produce el asesinato de cualquier persona y años después de celebrarse el juicio surgieran evidencias de que el arma utilizada para el crimen fue distinta de la identificada como tal, no sería necesario que los familiares instaran la apertura de un nuevo sumario, porque seguramente la Fiscalía lo iniciaría de oficio.
Con el proceso por los atentados del 11 de marzo de 2004 ha ocurrido exactamente eso –con otros agravantes–, y sin embargo las autoridades municipales, nacionales y judiciales siguen felicitándose por lo bien que se hizo todo. Ciento noventa y dos ciudadanos fueron asesinados, existen sospechas con un alto grado de fiabilidad de que lo que se declaró como hecho probado en la sentencia fue, cuando menos, un error, inducido o no. Hay confidentes de la policía y algún esquizofrénico condenados a miles de años de cárcel y miles de víctimas que aún no saben a ciencia cierta quién les destrozó la vida para siempre, pero los políticos de todos los partidos, las autoridades judiciales y el alcalde de la ciudad donde ocurrió la tragedia no quieren saber nada del asunto porque lo suyo es "mirar al futuro".
Tanto les molesta que una parte de la sociedad civil exija una investigación seria sobre lo ocurrido y la revisión de lo actuado, que ni siquiera quieren que el 11-M permanezca como las siglas de la tragedia que conmocionó a una nación entera y torció el resultado de aquellas elecciones.
No quieren dejar ni rastro del mayor atentado terrorista ocurrido en suelo europeo y para eso necesitan borrar todo lo que se refiera al fatídico 11-M. Hasta la fecha les resulta incómoda, de ahí que pretendan trasladar la conmemoración de la masacre a otro lugar del calendario más discreto hasta que caiga definitivamente en el olvido. Que lo transfieran al 28 de diciembre. Vista la instrucción judicial llevada a cabo y su resultado, no hay fecha más apropiada que la festividad de los Santos Inocentes. En su doble sentido.
Pablo Molina, es miembro del Instituto Juan de Mariana.
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