 | Recientemente comenté la frivolidad con que han reaccionado gran parte de los líderes latinoamericanos ante la muerte de Orlando Zapata. Y mientras los mandatarios de la región se reunían en Cancún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que forma parte de la OEA, hizo público un reporte acerca de la situación en Venezuela. |
Según ese informe, en los últimos cinco años 2.240 personas han sido sometidas a procesos penales por participar en manifestaciones. Sólo en mayo de 2007, 251 personas (entre ellas, 30 niños y adolescentes) fueron detenidas por manifestarse en contra de la clausura de RCTV. No debería sorprender que esto suceda en un país donde el presidente dice por televisión al ministro del Interior: "Écheles gas y disuelva cualquier guarimba; no podemos comenzar mostrando debilidad como gobierno" (17 de enero de 2009).
La CIDH describe una situación preocupante de la Administración de Justicia. Más del 50% de los jueces no goza estabilidad alguna en el cargo. Muchos son removidos días después de dar sentencias que no agradan al Gobierno. La CIDH presenta de hecho una lista de jueces removidos arbitrariamente y por razones políticas. Veamos un ejemplo. El 10 de diciembre de 2009 Eligio Cedeño –cuya reclusión preventiva había sido tachada de "arbitraria" por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas– recibió de la jueza María Lourdes Afiuni un fallo por el que la prisión preventiva se convertía en un juicio en libertad. Horas después, funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención se llevaron detenida a esta última. ¿Y qué dijo el presidente Chávez? Pues esto:
Yo exijo dureza contra esa jueza (...) Habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años de prisión pido yo, a nombre de la dignidad del país.
El informe de la CIDH también se refiere a la capitidisminuida función legislativa, y documenta que en los 10 años de chavismo el Gobierno ha emitido 167 decretos-ley, mientras que entre 1961 y 1998 se promulgaron 172. Solo entre 2007 y 2008 el presidente dictó 67 normas de esa categoría; el Legislativo, en el mismo periodo, emitió 25 leyes. El 73% de las leyes promulgadas en 2007 y 2008 fueron redactadas por el Poder Ejecutivo, y el 27% por el Congreso. No sería una exageración decir que la Asamblea Nacional de Venezuela está ahí para guardar las apariencias.
La Carta Democrática Interamericana reconoce que la separación e independencia de los poderes es uno de los "elementos esenciales de la democracia representativa", y que cuando se erosiona la independencia de los poderes se terminan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Esa erosión ya ha sucedido en Ecuador, con el apoyo de una mayoría electoral y el silencio de la comunidad internacional.
Los líderes latinoamericanos no deberían esperar a que se repita la historia de Zapata, en Venezuela o en cualquier otra parte, para empezar a denunciar firmemente estos atropellos.
© AIPE
GABRIELA CALDERÓN DE BURGOS, editora de El Cato.
http://exteriores.libertaddigital.com
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