La detención del presunto etarra Andoni Zengotitabengoa se produce doce días después de que se hiciera público el auto del juez de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco denunciando la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La banda terrorista ETA cuenta en Venezuela con unas 40 personas relacionadas con su actividad delictiva y cerca de un centenar repartido por diversos países del continente Iberoamericano como Cuba o México. La mayoría de ellos son huidos de la Justicia, como es el caso de Zengotitabengoa, y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa de la banda.
Este auto ha provocado una polémica entre el Ejecutivo español y el Gobierno de Hugo Chávez, cuya postura respecto a ETA ya provocó otro conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que el Gobierno venezolano iba a conceder la nacionalidad a cuatro etarras --Lorenzo Ayestarán, Angel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa--, todos ellos con delitos de sangre, para evitar su extradición a España. El Gobierno español se quejó formalmente y evitó esta medida, así como que las autoridades venezolanas indemnizar con más de 300. 000 euros a dos etarras que habían sido extraditados años antes.
Tras conocerse el auto del juez Velasco, Hugo Chávez no dudó en acusar al magistrado de hacer "señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano" y lo consideró un vestigio de la época colonial española. En rueda de prensa en Hannover (Alemania), el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, informó de que el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, había pedido "explicaciones" a Venezuela sobre el auto, en el que se procesa al presunto etarra Arturo Cubillas, que trabaja para el Goberno de Venezuela. Cubillas fue nombrado en octubre de 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Hugo Chávez, mientras era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade, que ocupa desde enero de 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.
No obstante, Hugo Chávez defendió que el ministro de Exteriores español sólo le había pedido información y nunca explicaciones. "No tengo que darle ninguna explicación ni a Zapatero ni a nadie, que le pida explicaciones a ese juez irresponsable", dijo Chávez. Moratinos, directamente aludido en esta polémica, aclaró un día después que él solicitó información al Gobierno de Venezuela, que finalmente se compromió a colaborar con España una vez recido el auto del juez Velasco.
El pasado día 6, Venezuela y España hicieron público un comunicado conjunto en el que rechazaron el terrorismo y se comprometieron a "seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial" para luchar contra la banda. Cuando parecía que se había rebajado la tensión entre ambos países, el titular de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, acusó el pasado domingo al juez de la Audiencia Nacional de estar relacionado con la "mafia del ex presidente del Gobierno José María Aznar" y "lo peor del PP". No obstante, el Departamento de Miguel Angel Moratinos decidió no realizar ninguna protesta por estas declaraciones porque, aunque se emitieron el domingo en un programa de televisión, se grabaron antes de la difusión del comunicado conjunto.
El Gobierno hizo llegar a comienzos de esta semana el auto de Velasco a las autoridades venezolanas tal y como fue redactado por el juez de la Audiencia Nacional. En el escrito --en el que dicta orden de busca y captura para seis etarras y siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-- se detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC se trasladaron a España y pidieron "colaboración" a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y "más recientemente" trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Alvaro Uribe.
La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Edgar Devia, 'Raúl Reyes', concluye que los contactos entre los dos grupos terroristas contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de "la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC" y formación en "las técnicas más modernas de guerrilla urbana". En agosto de 2007, el etarra identificado con el alias de 'Martín Capa', cuya identidad se desconoce, e Ignacio Domínguez Achalandabaso impartieron en una finca de la selva venezolana cercana a Guadalito, en el estado de Apure, un curso teórico-práctico de unos 20 días a 13 miembros de las FARC sobre el manejo del explosivo C-4, de fácil adquisición en Venezuela, y la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.
Los asistentes a este curso, que fue organizado por Arturo Cubillas Fontán y Remedios García Albert, fueron acompañados por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y escoltados por un vehículo militar, según detalla la resolución judicial.
Cursos sobre el uso de granadas y misiles
Además, otros cuatro miembros de ETA, dos de los cuales se apodaban 'Schumacher' y 'Carlos', acudieron a campamentos de las FARC en Venezuela entre 2003 y 2007 para dar cursos sobre artefactos iniciados por movimiento y mediante la utilización de teléfonos móviles. A su salida, fueron sustituidos por otros dos etarras no identificados.
En 2003, miembros de las FARC impartieron adiestramiento militar a cuatro etarras en el área de Zulia y recibieron a cambio información sobre la fabricación y utilización de las granadas de ETA 'Jotake-Handia', denominadas 'cilindro bomba' por las autoridades colombianas. Tras esta colaboración, que se denominó 'a sunto Gabardina', ETA utilizó este tipo de granadas por primera vez el 18 de octubre de ese año en el atentado contra el cuartel del Ejército de Aizoain (Navarra).
En diciembre de ese mismo año otros cuatro militantes etarras asistieron a un curso sobre el manejo de misiles tierra-aire, que ETA comenzó a utilizar poco después, como demostraría la incautación de este tipo de proyectiles a Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; y Soledad Iparraguirre, 'Anboto'. En enero pasado, el etarra Pedro María Olano confesó la intención de la banda terrorista de utilizar misiles para atentar contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar. Por otra parte, en 2002 se intervino en una actuación contra las FARC material muy similar al utilizado por ETA, entre ellos dos coches-bomba, un lanzador de 'cilindros-bomba' y granadas de mortero.
Atentados de las FARC en España
Los intentos de las FARC de atentar en España se remontan a 2000, cuando 'Mocho' y 'Chato' se desplazaron a España en dos ocasiones para "controlar los itinerarios" que realizaba el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y la entonces embajadora, Noemí Sanín.
Posada, ya que consideraban que "no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA". Además de Pastrana y Sanín, las FARC pidieron ayuda a ETA para localizar al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente colombiano Francisco Santos y a otros cargos políticos y militares colombianos con el fin de "atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la Unión Europea".
EP - Madrid
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